Casi un tercio de los países de la Unión Europea no trata como enfermas a las personas trans

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) informa, con motivo del Día de la Memoria Trans (20 de noviembre), que casi un tercio de los países de la Unión Europea ya no trata a las personas trans como enfermas en sus ordenamientos jurídicos, tal y como recomiendan la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, ocho de los 27 países de la UE no exigen diagnósticos médicos, ni hormonación, a este colectivo para poder ver reconocida su identidad: Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Malta, Bélgica y Francia.  

Además, fuera de la Unión Europea nueve países reconocen el derecho de autodeterminación, condición indispensable para garantizar los derechos humanos de las personas trans según los Principios de Yogyakarta de las Naciones Unidas. Estos países son: Noruega, Costa Rica, México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile.

Por otra parte, también hay otros nueve países (Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Argentina, Malta, Pakistán, Alemania y el estado de California en EEUU) que reconocen una tercera opción del género para las personas no binarias.

FELGTB recuerda que Naciones Unidas insta a los estados a tomar “las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí”; la Comisión Europea promueve la autodeterminación trans como parte de su estrategia para igualdad LGTBI 2020-2025 y la OMS ha dejado de considerar la transexualidad una enfermedad mental.

Sin embargo, tal y como expone la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, “España no ha actualizado su legislación y sigue exigiendo el diagnóstico de una enfermedad mental, la disforia de género, para que estas personas vean reconocida su identidad a nivel social y legal y puedan cambiar su documentación oficial”.

Sangil explica que, “aunque España encabezó el ranking de países más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI de ILGA tras la aprobación del matrimonio igualitario, en 2019, dejó de estar ni siquiera entre los 10 primeros. No porque haya habido retrocesos sino porque el resto de países han ido actualizando sus legislaciones atendiendo a las directrices de los organismos internacionales en materia de identidad de género”.

Así, asevera que “nos estamos quedando atrás y lo peor es que son las personas más vulnerables de la sociedad, las personas trans, a las que una sociedad democrática como la nuestra está dejando atrás”.  “Las personas trans somos un colectivo minoritario, menos del 0,1% de la población, pero ya existimos, ya somos hombres, mujeres y personas no binarias que viven en esta sociedad, pero sin ningún tipo de derecho reconocido por la ley”, asegura.

“El reconocimiento de nuestra identidad a nivel legislativo sin tutelaje y sin un diagnóstico médico que nos siga presentando como enfermas, la base para que las personas trans seamos también reconocidas, respetadas y valoradas a nivel social. Sería el primer paso para combatir el rechazo que el mercado laboral tiene a día de hoy hacia este colectivo y para reducir el acoso escolar y el resto de violencias que sufrimos”, defiende Sangil.

En este sentido, Alex Bixquert, coordinador del grupo Trans de FELGTB, añade que, además del derecho de autodeterminación, la ley debe de incluir medidas de protección social. “El hecho de ser un colectivo en riesgo de exclusión social y que sufre una extrema violencia nos deja en una situación muy vulnerable”, asegura.

Por eso, según reivindica, “urge la aprobación de la Ley Integral Trans y de Igualdad LGTBI que incluye medidas antidiscriminatorias y que facilitan la inclusión social”. “Hay una persona trans por cada 1.000 habitantes y, en España, ha habido dos mujeres trans asesinadas por transfobia en 2020. Además, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM), desde 2008, 3.664 personas trans han perdido la vida de forma violenta en 75 países. Necesitamos esta ley para garantizar nuestros derechos humanos, encontrar protección frente a todas las violencias que sufrimos y dejar de ser personas de segunda ante la ley”, manifiesta. 

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