STOP ODIO, una herramienta para el abordaje integral de los delitos de odio e incidentes LGBTIfóbicos

Los delitos de odio se conceptualizan como transgresiones o actos penales motivados por prejuicios hacia uno o varios individuos debido a su pertenencia a una minoría social. En este contexto, adoptamos la definición establecida por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que define un delito de odio como cualquier infracción penal dirigida contra una persona o grupo que comparte una característica común, como raza, origen nacional o étnico, lenguaje, color, religión, sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación sexual u otro factor similar. Desde 1999, la Unión Europea cuenta con competencias para abordar casos de discriminación por motivos de orientación sexual, según lo establecido en el Artículo 6 A del Tratado de Ámsterdam, modificado el 10 de noviembre de 1997.

En el ámbito de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTIQA+), la existencia de delitos de odio ha sido una constante a lo largo de la historia, visible de manera más o menos prominente debido a la disidencia respecto a la cisheterosexualidad. Según Carolin Emcke, el odio no es una expresión de un sentimiento individual espontáneo; más bien, es construido y alimentado ideológicamente a lo largo de la historia sobre prejuicios que han demonizado a individuos con identidades no normativas, todo con el objetivo de perpetuar un sistema político, social y religioso que no tolera formas disidentes en la sociedad. Aunque la Constitución Española reconoce la igualdad real y efectiva, así como la no discriminación por cualquier condición personal o social, el abordaje de los delitos de odio es un fenómeno relativamente reciente en España. La Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, aprobada en 2011, fue uno de los primeros mecanismos estatales para combatir estos delitos. Además, el artículo 510 del Código Penal regula los delitos de odio por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género o razones de género, imponiendo penas de seis meses a cuatro años de prisión, dependiendo de la tipología del delito.

A pesar de los avances en las comunidades autónomas, los discursos de odio hacia el colectivo LGBTIQA+ han ido en aumento en los últimos años. Según el “Informe 2020 sobre la evolución de los delitos de odio en España”, se han registrado 2,459 delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, incluyendo 277 delitos en 2020, siendo el asesinato de Samuel Luiz en julio de 2021 un trágico ejemplo. Según una encuesta del Ministerio del Interior, el 89% de las personas que experimentaron delitos de odio no presentaron denuncia, evidenciando la falta de confianza en las instituciones y el temor a visibilizarse como personas LGBTI*. En Canarias, se contabilizaron 57 casos en 2019, representando el 6.6% del total estatal, aunque carecemos de datos estadísticos sobre el impacto en nuestras islas.

Para abordar estos problemas, surge un proyecto que busca acompañar a las personas LGBTIQA+ víctimas de Delitos de Odio, así como prevenir y formar a los agentes sociales e instituciones en la necesidad de atender a las víctimas de LGBTIfobia desde una perspectiva integral, que va desde la atención psicosocial, hasta el asesoramiento jurídico, con el fin de brindar un abordaje integral a las personas beneficiarias del proyecto. Pueden solicitar cita previa, de forma gratuita y confidencial en el 623 42 43 48.

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