¿Puede una ordenanza municipal discriminar?

El acceso al trabajo de las personas con VIH y las ordenanzas del taxi en Canarias

Aunque pueda parecer una cuestión del pasado, todavía existen normativas municipales que pueden dificultar el acceso de las personas con VIH a determinadas profesiones.

En Canarias, algunas ordenanzas relacionadas con el servicio de taxi incluyen requisitos como no padecer una «enfermedad infectocontagiosa» o presentar certificados médicos específicos para poder obtener la autorización necesaria para trabajar como conductor o conductora de taxi. El problema es que estas cláusulas no tienen una justificación científica en el caso del VIH.

El VIH no se transmite en un taxi

El VIH no se transmite por compartir un vehículo, atender a una persona, compartir un asiento, tocar objetos comunes o desarrollar una actividad laboral junto a otras personas.

La transmisión del VIH requiere vías concretas, como el contacto con determinados fluidos corporales. La prestación ordinaria de un servicio de taxi no supone un riesgo de transmisión del VIH, por tanto, tener VIH no impide desempeñar este trabajo ni supone un riesgo para las personas usuarias del servicio.

Cuando el estigma se convierte en una barrera

Estas normas son un ejemplo de cómo un prejuicio puede pasar del imaginario social a una barrera real para acceder al empleo. Diversas entidades sociales y la Comisión de VIH y Trabajo han reclamado la revisión y eliminación de este tipo de requisitos, al considerar que carecen de fundamento científico y pueden resultar discriminatorios, porque un diagnóstico de VIH es una cuestión de salud. No define la capacidad profesional de una persona ni debería determinar qué trabajos puede desempeñar.

Las normas también pueden cambiar

Eliminar estas cláusulas no es solo una cuestión administrativa. También significa avanzar hacia unas instituciones libres de prejuicios y actualizar las normas de acuerdo con el conocimiento científico actual.

El VIH no impide trabajar como taxista, el estigma y las normas injustificadas sí pueden convertirse en una barrera.

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