La Asociación LGBTIQA* Diversas se une a las reivindicaciones del movimiento feminista para exigir al Gobierno de Canarias que cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El desmantelamiento actual de proyectos y programas de igualdad al que estamos asistiendo en Canarias no es solo preocupante: es el síntoma de un retroceso político y social que amenaza con borrar avances conquistados gracias a la lucha feminista.

La parálisis en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado no es un simple retraso administrativo: es una decisión política que coloca en peligro la vida de mujeres y menores. Sin recursos estables, se desmantelan programas de prevención y se rompe la confianza en las instituciones que deberían garantizar derechos y seguridad.

Creemos firmemente que apostar por proyectos y programas de igualdad que sensibilicen, prevengan y construyan redes sólidas en la comunidad son la base transformadora de la sociedad y, esa transformación social sólo se conseguirá con educación en igualdad, con acciones sostenidas en el tiempo y con el respaldo y el compromiso institucional firme. Solo desde la conciencia comunitaria y el tejido social e institucional podremos impulsar cambios reales y duraderos que erradiquen las violencias machistas.

Desde la Asociación Diversas sabemos lo que significa ese trabajo en red, y hemos impulsado proyectos como Sex&Chill, participado en Jóvenes por la Igualdad o elaborado una Guía para el abordaje de la Violencia de Género hacia Mujeres Trans, colaboraciones que fueron interrumpidas unilateralmente con el cambio de gobierno en Canarias, evidenciando la fragilidad de unas políticas públicas dependientes de la voluntad política del momento.

Por eso, hoy queremos sumar nuestra voz a la de las compañeras y exigir al Gobierno de Canarias que cumpla con su obligación de ejecutar de manera urgente y transparente los fondos del Pacto de Estado, para que se destinen a lo que realmente importa: prevenir la violencia, concienciar y sensibilizar en igualdad y garantizar la protección de las víctimas.

No estamos ante un mero problema administrativo, sino frente a una decisión política con consecuencias directas sobre la vida y la seguridad de las mujeres y menores de Canarias.

Frente al silencio institucional: más feminismo y más diversidad.

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